CHETUMAL, MX., 6 de noviembre de 2026.— La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó la clausura temporal de actividades en 25 predios del ejido San Isidro Poniente, en el municipio de José María Morelos, luego de detectar el desmonte de más de 330 hectáreas de selva sin contar con las autorizaciones federales correspondientes.
Las inspecciones, realizadas los días 21 y 29 de octubre, permitieron identificar la remoción de vegetación en terrenos de selva baja y mediana subperennifolia, donde también se detectaron actividades de apertura de caminos y otras intervenciones que implican cambios en el uso del suelo forestal.
De acuerdo con la dependencia, en una primera revisión se identificaron afectaciones en 22 polígonos, con una superficie de 304.863 hectáreas. Posteriormente, durante una segunda inspección, se localizaron otros tres predios con 24.94 hectáreas desmontadas.
En ninguno de los 25 terrenos inspeccionados se acreditó contar con la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para realizar el cambio de uso de suelo forestal, por lo que se impusieron clausuras temporales totales y se iniciaron los procedimientos administrativos correspondientes.
Investigan posible participación de menonitas en los desmontes
Uno de los aspectos que deberá esclarecer la Profepa es la identidad de las personas responsables de la remoción de vegetación.
Según el comunicado oficial, habitantes de San Isidro Poniente señalaron que los trabajos habrían sido realizados por integrantes de un grupo menonita asentado en la región.
Sin embargo, la dependencia precisó que esta información será revisada durante los procedimientos administrativos, junto con la situación de los derechos ejidales y de usufructo de los terrenos intervenidos.
Por lo tanto, hasta ahora no existe una determinación definitiva de responsabilidad contra personas o grupos específicos.
La magnitud de la superficie afectada coloca este caso entre los desmontes de mayor extensión reportados recientemente por las autoridades ambientales en Quintana Roo, donde la expansión de actividades agropecuarias y el cambio de uso de suelo representan presiones constantes sobre los ecosistemas forestales.
Clausuran obras junto a la Laguna de Bacalar
Como parte de los operativos realizados entre el 20 y el 29 de octubre, la Profepa también intervino en un predio colindante con la Laguna de Bacalar, ubicado en el municipio de Othón P. Blanco.
El 20 de octubre, inspectores federales acudieron al proyecto denominado Restaurante Los Rápidos para dar seguimiento a un procedimiento administrativo en materia de impacto ambiental.
Como resultado, ordenaron la clausura de las obras y actividades del establecimiento y colocaron los sellos oficiales correspondientes.
La dependencia no precisó en su comunicado la superficie intervenida ni las irregularidades específicas que motivaron esta nueva medida, más allá de su relación con el procedimiento ambiental en curso.
Detectan desmonte de otras dos hectáreas en Cancún
En un operativo distinto, realizado el 23 de octubre en el Polígono Sur de Cancún, inspectores de la Profepa detectaron la eliminación total de vegetación secundaria de selva mediana subperennifolia en una superficie de 20 mil 980 metros cuadrados, equivalentes a 2.098 hectáreas.
Durante la inspección tampoco se acreditó contar con la autorización federal de cambio de uso de suelo forestal.
Ante esta situación, la dependencia impuso la clausura temporal total de las obras y actividades que se desarrollaban en el predio.
Pendientes, sanciones y medidas de restauración
La Profepa informó que continuará integrando los expedientes administrativos para determinar las responsabilidades de quienes resulten involucrados, así como las sanciones y medidas de restauración ambiental que correspondan.
La dependencia advirtió que la eliminación de vegetación forestal sin autorización puede provocar pérdida de biodiversidad, erosión del suelo y fragmentación de hábitats, además de afectar los servicios ambientales de la selva.
Conforme al artículo 93 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, cualquier cambio de uso de suelo en terrenos forestales requiere autorización previa de la Semarnat.
Las clausuras impuestas constituyen medidas preventivas para impedir que continúen las afectaciones, pero no representan todavía una resolución definitiva sobre las responsabilidades administrativas. (Con información de la Profepa)
