Jeffrey Burke, ciudadano canadiense, quien denunció abuso policiaco al ser detenido en Playa del Carmen el pasado 3 de noviembre.
PLAYA DEL CARMEN, MX.- Un nuevo caso de presunto abuso policiaco y extorsión contra turistas extranjeros en Playa del Carmen fue denunciado por Jeffrey Burke, un ciudadano canadiense que asegura haber permanecido detenido durante más de 30 horas en condiciones insalubres, haber sufrido agresiones físicas tanto de otros detenidos como de un custodio municipal y haber tenido que pagar aproximadamente 500 dólares canadienses para recuperar su libertad, luego de un incidente aparentemente menor relacionado con el uso de una tumbona en la playa.
Burke, quien se presenta como detective de policía jubilado con aproximadamente 20 años de servicio en Canadá, hizo llegar a Noticaribe un extenso testimonio escrito y un video en el que relata lo ocurrido durante su visita a Playa del Carmen, a principios de noviembre de 2026.
Además, el ciudadano canadiense dirigió una queja formal a Salvador Contreras Mis, tercer visitador general de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo), en la que solicita investigar su detención, las presuntas agresiones, las condiciones de reclusión y el pago que, según sostiene, le fue exigido para obtener su libertad.
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De una tumbona de 100 pesos a una detención de más de 30 horas
De acuerdo con el testimonio de Burke, todo comenzó cuando se encontraba en una playa de este destino turístico y decidió sentarse en una tumbona que aparentemente estaba desocupada.
El visitante asegura que desconocía que el uso de ese mobiliario tenía un costo aproximado de 100 pesos.
Según su narración, un empleado del lugar se acercó y, en vez de explicarle que debía pagar por utilizar la tumbona, se la retiró físicamente mientras todavía estaba sentado.
Burke afirma que el trabajador posteriormente lo agredió y que él únicamente intentó apartarlo para retirarse del sitio y evitar que el enfrentamiento escalara.
“Lo único que hice fue intentar apartarla de mi camino para poder alejarme del lugar y evitar que la situación empeorara. No estaba intentando iniciar una pelea, sino simplemente marcharme después de haber sido agredido”, relató en su comunicación.
Poco después, según su versión, llegaron elementos de la Policía Municipal, quienes procedieron a detenerlo.
El canadiense sostiene que los agentes nunca le explicaron qué delito o infracción había cometido ni las razones por las cuales sería trasladado a las instalaciones municipales.
Durante la intervención, agrega, sus anteojos graduados resultaron dañados y terminaron rotos. Asegura que solicitó a uno de los policías recogerlos para conservarlos, pero el agente se negó.
De esta manera, afirma, fue trasladado bajo custodia sin sus lentes y sin conocer el motivo de su arresto.
Denuncia celda con 30 detenidos, orina y excrementos en el suelo
Burke sostiene que, tras su detención, fue ingresado en un centro de reclusión municipal, donde permaneció durante más de 30 horas.
En su testimonio describe condiciones que considera incompatibles con el trato digno que debe recibir cualquier persona privada de su libertad.
Afirma que fue encerrado en una celda con aproximadamente 30 personas, sin instalaciones adecuadas para permanecer allí durante un periodo prolongado.
“Había orina y excrementos humanos en el suelo, y los detenidos teníamos que permanecer allí, sentados o acostados sobre el concreto, sin condiciones mínimas de higiene”, denunció.
El canadiense asegura que durante su estancia no tuvo información clara sobre su situación jurídica, cuánto tiempo permanecería detenido o qué procedimiento debía seguir para recuperar su libertad.
Según su relato, la incertidumbre se agravó porque no habla español y ninguna de las personas encargadas de su custodia le proporcionó explicaciones en inglés.
Durante todo ese tiempo, sostiene, permaneció encerrado sin comprender lo que las autoridades intentaban comunicarle.
“No sabía por qué estaba allí. No sabía de qué se me acusaba. No sabía cuánto tiempo iban a mantenerme encerrado ni qué tendría que hacer para recuperar mi libertad”, expresó.
Acusa golpiza de otros detenidos y agresiones de un custodio
Uno de los señalamientos más graves formulados por Burke se refiere a las agresiones físicas que asegura haber sufrido mientras permanecía bajo custodia municipal.
De acuerdo con su denuncia, otros internos lo golpearon en repetidas ocasiones, principalmente en la cabeza.
El ciudadano canadiense atribuye a esas agresiones una perforación del tímpano y una conmoción cerebral, lesiones que afirma haber sufrido durante su encierro.
Sin embargo, su acusación no se limita a la violencia ejercida por otros detenidos.
Burke sostiene que también fue golpeado por uno de los guardias responsables de la vigilancia del centro de detención.
Según su testimonio, el custodio lo golpeó en la cabeza en dos ocasiones distintas, sin que hubiera existido una provocación o circunstancia que justificara el uso de la fuerza.
“En dos ocasiones distintas, y sin que yo hubiera hecho nada que justificara el uso de la fuerza, este guardia me golpeó en la cabeza”, señaló.
El denunciante subraya que su experiencia profesional como detective de policía durante aproximadamente dos décadas le permite distinguir entre una intervención legítima de las autoridades y una agresión contra una persona que ya se encuentra bajo custodia.
“Soy un expolicía. He trabajado durante dos décadas en el sistema de justicia penal, he realizado investigaciones criminales y conozco perfectamente la diferencia entre el uso legítimo de la fuerza y una agresión injustificada contra una persona bajo custodia”, manifestó.
Hasta ahora, las lesiones que describe corresponden exclusivamente a su testimonio y no han sido corroboradas mediante documentación médica presentada para esta publicación.
Otro canadiense detenido le ayudó a comprender que debía pagar para salir
Burke relata que durante buena parte de su encierro desconoció por completo qué tendría que hacer para obtener su libertad.
La situación cambió, según afirma, cuando otro ciudadano canadiense fue ingresado al mismo centro de detención por un incidente que también estaría relacionado con el uso de una tumbona en la playa.
A diferencia de Burke, este segundo turista hablaba inglés y español, por lo que pudo ayudarlo a entender las conversaciones con las autoridades.
De acuerdo con el denunciante, fue entonces cuando se enteró de que supuestamente debía entregar aproximadamente 500 dólares canadienses para recuperar su libertad.
“Fue gracias a este otro canadiense que finalmente comprendí que lo que las autoridades querían era que pagáramos aproximadamente 500 dólares canadienses para recuperar nuestra libertad”, relató.
Burke sostiene que, después de más de 30 horas de encierro, finalmente pudo abandonar las instalaciones municipales una vez que se efectuó el pago, una transferencia mediante la plataforma Wise, a un destinatario identificado con una dirección privada de correo electrónico de Gmail, y no a una cuenta oficial del Ayuntamiento.
El ciudadano cuestionó por qué, si se trataba de una multa legítima, el pago no se realizó mediante los mecanismos oficiales de recaudación, quién recibió el dinero, qué autoridad autorizó el cobro y dónde se encuentra el recibo correspondiente.
Desde su perspectiva, la cantidad exigida no correspondía a una sanción administrativa legítima, sino a un presunto acto de extorsión.
“Después de más de 30 horas de detención, finalmente pude salir únicamente después de que se pagara esa cantidad de dinero. Desde mi perspectiva, no fue una multa legítima, sino un soborno o un acto de extorsión”, denunció.
El canadiense asegura que nunca recibió una explicación comprensible sobre el fundamento legal del cobro, la infracción que supuestamente había cometido o el procedimiento seguido para determinar su liberación.
Burke pidió que las autoridades municipales aclaren si existen los registros de su detención, los informes policiales y alguna resolución administrativa que justifique las horas que permaneció privado de su libertad.
Advirtió que, de confirmarse la ausencia de documentación, resultaría especialmente preocupante que los propios funcionarios pudieran evadir responsabilidades mediante la omisión de los registros que legalmente están obligados a elaborar.
Encuentra similitudes con otro caso de presunta extorsión a otro turista
Burke explicó que decidió hacer pública su experiencia después de regresar a Canadá y encontrar información periodística sobre otro turista de su país que había denunciado una detención arbitraria y un supuesto acto de extorsión por parte de policías municipales de Playa del Carmen.
En particular, se refirió a una nota publicada por Noticaribe el 3 de noviembre de 2026, titulada *“Asegura secretario general del Ayuntamiento de Playa del Carmen que atenderán denuncia de turista extorsionado por policías”*.
El canadiense manifestó que le sorprendió la similitud entre los hechos denunciados por ese visitante y lo que él asegura haber vivido prácticamente en las mismas fechas.
Posteriormente, consultó otra publicación de Noticaribe, del 5 de noviembre, en la que se informó que la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo buscaría contactar al turista que había denunciado en redes sociales una detención arbitraria y extorsión.
En esa información se dio cuenta de 59 quejas registradas durante 2026 contra la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Playa del Carmen, según lo expuesto por el tercer visitador general de la Cdheqroo.
Burke considera que la existencia de denuncias similares amerita una investigación sobre las prácticas de detención y los procedimientos administrativos aplicados a turistas extranjeros.
“Esto plantea una pregunta importante: ¿cuántos turistas más están siendo detenidos, maltratados y obligados a pagar dinero para recuperar su libertad sin que sus experiencias lleguen a conocerse?”, cuestionó.
Aunque los relatos presentan coincidencias, hasta el momento no existen elementos suficientes para establecer que ambos casos involucren a los mismos agentes o respondan a una práctica sistemática dentro de la corporación.
Presenta queja ante Derechos Humanos y exige conservar videos de seguridad
Además de compartir su experiencia con Noticaribe, Jeffrey Burke dirigió una comunicación formal a Salvador Contreras Mis, tercer visitador general de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.
En el documento solicita que su testimonio sea registrado como una queja por presuntas violaciones a sus derechos humanos cometidas por elementos de la Policía Municipal y personal del centro de detención.
El ciudadano canadiense pide que se le asigne un número de expediente o folio para dar seguimiento al procedimiento desde Ontario, Canadá, donde actualmente reside.
También solicita que se investiguen las circunstancias de su arresto, las condiciones en las que permaneció detenido, las agresiones físicas que denuncia y el presunto pago exigido para recuperar su libertad.
Uno de los puntos centrales de su petición es la conservación urgente de las pruebas que pudieran existir en poder de las autoridades municipales.
En particular, pide que se resguarden las grabaciones de las cámaras de seguridad del centro de detención, los registros de ingreso y salida de personas detenidas, los informes policiales y cualquier documento relacionado con su arresto y liberación.
Burke también solicita orientación para obtener copias de los registros oficiales de su detención y de cualquier comprobante relacionado con el pago que afirma haber efectuado.
Debido a que se encuentra nuevamente en Canadá, pide que la Comisión le informe cómo puede completar y ratificar su denuncia de manera remota, sin necesidad de regresar a México.
Asimismo, solicita asesoría sobre los procedimientos disponibles para presentar denuncias adicionales ante las autoridades competentes por las presuntas agresiones y extorsión.
El denunciante manifiesta estar dispuesto a proporcionar una declaración más detallada y entregar documentación médica u otros elementos de prueba que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos.
“Lo que viví representa una grave violación de los principios fundamentales de justicia”
En la parte final de su comunicación, Burke insiste en que su propósito no es únicamente expresar indignación por lo ocurrido, sino conseguir que las autoridades investiguen las circunstancias de su detención.
El ciudadano canadiense recuerda que durante aproximadamente 20 años trabajó como detective de policía, por lo que conoce las responsabilidades de los agentes encargados de hacer cumplir la ley y la obligación de garantizar la integridad de las personas detenidas.
“Comprendo profundamente la autoridad que se confía a los agentes de policía y, sobre todo, la responsabilidad que acompaña a esa autoridad”, expresó en su escrito dirigido a la Comisión de Derechos Humanos.
Agregó que la experiencia que asegura haber vivido en Playa del Carmen contrasta con el trato que esperaba recibir de las autoridades de uno de los destinos turísticos más importantes de México.
“Lo que viví en Playa del Carmen representa, desde mi perspectiva, una grave violación de los principios fundamentales de un sistema de justicia y del trato digno que merece toda persona privada de su libertad”, manifestó.
También expresó preocupación por la posibilidad de que otros turistas extranjeros hayan enfrentado situaciones semejantes sin contar con los medios necesarios para denunciar.
El canadiense solicitó una confirmación de recepción de su comunicación y una explicación sobre los pasos que deberá seguir para que su caso pueda ser investigado.
Graves fallas de procedimiento
El turista canadiense denunció que su detención exhibió graves fallas en los procedimientos de la policía local, entre ellas la falta de presentación ante un juez cívico, la ausencia de atención médica y la omisión de información sobre sus derechos.
Burke precisó que el problema no fue únicamente la barrera del idioma, sino que ningún policía, custodio o funcionario intentó comunicarse con él durante todo el tiempo que estuvo privado de su libertad, ni en inglés ni en español. Aseguró que nunca le explicaron los motivos de su arresto, las acusaciones en su contra o los procedimientos para recuperar su libertad.
Tras investigar la legislación mexicana, el canadiense señaló que su detención aparentemente contravino diversas disposiciones del Reglamento de Justicia Cívica e Itinerante del entonces municipio de Solidaridad, publicado en abril de 2020, particularmente las relacionadas con la presentación inmediata ante un juez cívico, la elaboración de informes policiales, la práctica de exámenes médicos y el derecho a una audiencia con asistencia jurídica.
También cuestionó el posible incumplimiento de la Ley Nacional del Registro de Detenciones, que establece la obligación de documentar las circunstancias de cada arresto y la identidad de los agentes participantes. Aclaró que no puede asegurar que dichos registros no existan, pero sostuvo que nunca le fueron mostrados ni entregados.
Asimismo, consideró que se vulneraron las garantías previstas en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, pues afirmó que tampoco fue informado de su derecho a comunicarse con las autoridades consulares canadienses. (Noticaribe)
