Contrarreforma judicial afecta sus aspiraciones de presidir la Suprema Corte de Justicia.
CIUDAD DE MÉXICOPor RedacciónLa ministra Lenia Batres Guadarrama manifestó su inconformidad ante la iniciativa de reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que busca aplazar hasta junio de 2028 la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, originalmente contemplada para 2027. La propuesta ha generado tensiones al interior de Morena, pues modificaría el calendario de renovación judicial y afectaría directamente las aspiraciones de Batres de llegar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Desde el entorno presidencial, la iniciativa ha sido presentada como un ajuste técnico y logístico a la reforma judicial promovida durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, el cambio representa una corrección de fondo al modelo de elección popular del Poder Judicial, luego de que el primer ejercicio realizado en 2025 evidenciara problemas como baja participación ciudadana, perfiles cuestionados, boletas complejas y dudas sobre la independencia de los futuros juzgadores.
La nueva propuesta plantea reducir el número de candidaturas, endurecer los filtros de evaluación, aplicar exámenes técnicos obligatorios y establecer mayores requisitos de experiencia profesional para quienes aspiren a ocupar cargos dentro del Poder Judicial. Para diversos sectores de Morena, estas medidas buscan corregir fallas estructurales detectadas tras la implementación inicial de la reforma.
No obstante, versiones políticas señalan que Lenia Batres Guadarrama interpretó la iniciativa como un movimiento que limitaría las posibilidades de los perfiles identificados con el ala más dura del obradorismo. La ministra estaría particularmente molesta porque el aplazamiento de la elección y los nuevos requisitos técnicos podrían cerrarle el camino hacia la presidencia de la Corte.
El conflicto ha profundizado las diferencias internas dentro de Morena, donde comienzan a perfilarse dos visiones sobre el futuro del Poder Judicial: una que apuesta por mantener el modelo político impulsado por la llamada Cuarta Transformación y otra que busca introducir mayores controles técnicos y profesionales para evitar un desgaste institucional mayor.
