Busca prohibir que aspirantes a la Presidencia y gubernaturas mantengan doble nacionalidad.
CIUDAD DE MÉXICOLa presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió al Congreso la iniciativa de reforma constitucional para prohibir que aspirantes a la Presidencia de la República o gubernaturas mantengan una doble nacionalidad.
Así lo informó la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, quien detalló que esta iniciativa será turnada a la Cámara de Diputados.
En sus redes sociales, la senadora morenista comunicó que recibimos del Ejecutivo Federal la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Nacionalidad Única para el Ejercicio de la Titularidad de los Poderes Ejecutivos Federal y Locales, es decir, para quienes quieran ser presidenta, presidente, gobernadora o gobernador.
«Esta reforma constitucional busca garantizar que quien ejerza la titularidad de estos poderes no tenga doble nacionalidad y, por tanto, conflicto de interés con una nación extranjera», expresó la senadora.
Esta reforma se remitirá a la Cámara de Diputados para su análisis y votación.
Esta semana la presidenta Sheinbaum informó que estaba redactando la iniciativa y el jueves afirmó que ya la tenía lista para presentarla al Congreso.
La mandataria defiende su reforma al afirmar que este cambio a la Constitución no está marcado pese a que se mandata que sólo los nacidos en México pueden competir por estos cargos.
«El objetivo es garantizar que toda persona mexicana que desee ser presidente deba ser solo mexicana (…) para garantizar que el interés de la nación esté por encima de cualquier otro interés de cualquier otro Estado nación del mundo», declaró esta semana.
Asimismo, Laura Itzel Castillo Juárez informó que la presidenta Sheinbaum también envió la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera.
Esta iniciativa dota de nuevas atribuciones a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras a fin de proporcionar mayor certeza jurídica a las inversiones extranjeras en nuestro país.
