Recurrieron a tribunal que nunca había sido utilizado.
Estados Unidos
Por Agencias
La administración del presidente Donald Trump presentó por primera vez una solicitud ante el Tribunal de Deportación de Terroristas Extranjeros, una instancia creada hace casi 30 años para analizar la expulsión de presuntos terroristas extranjeros y que, hasta entonces, nunca había sido utilizada. La petición, ingresada por el Departamento de Justicia, marcó un precedente en la aplicación de una figura legal contemplada desde 1996.
El documento, de una sola página y con la identidad del señalado reservada, fue presentado el miércoles pasado. La jueza principal del tribunal, Joan Ericksen, informó que al día siguiente se celebró una audiencia en la que los magistrados solicitaron mayores elementos para sustentar el vínculo entre las acciones atribuidas al demandado y las disposiciones legales invocadas por el gobierno.
Tras la audiencia, Ericksen determinó que el Departamento de Justicia debía ampliar la información presentada antes del próximo miércoles. La jueza señaló que las respuestas ofrecidas durante la sesión evidenciaron la necesidad de una revisión más detallada de los argumentos, con el fin de sustentar adecuadamente la solicitud de deportación.
El Tribunal de Deportación de Terroristas Extranjeros fue establecido mediante la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva de 1996. La legislación facultó al secretario de Justicia a presentar solicitudes confidenciales para expulsar a personas consideradas «terroristas extranjeros». En caso de aceptarse la petición, el tribunal debía celebrar una audiencia pública en la que el gobierno demostrara que el acusado cumplía con esa definición conforme a la ley federal.
La normativa contempló que una persona podía ser catalogada como «terrorista extranjero» si había participado en actividades terroristas, promovido o respaldado ese tipo de acciones, o pertenecido a organizaciones que fomentaran el terrorismo. Pese a su existencia durante tres décadas, el tribunal había permanecido inactivo y nunca había recibido un caso, de acuerdo con información del Centro Judicial Federal.
