El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizó la constitucionalidad de diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad y del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas que inciden directamente en los derechos de las personas con discapacidad y, de las cuales no se llevó a cabo una consulta previa a dicho sector para su emisión.
Al intervenir en el asunto, la ministra Yasmín Esquivel Mossa recordó que, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las autoridades están obligadas a celebrar consultas previas, informadas, libres y de colaboración activa con las personas con discapacidad respecto de la normativa que incida en sus derechos.
La ministra Esquivel subrayó las aportaciones de la primera audiencia pública celebrada por la nueva integración del Pleno -del 20 al 22 de octubre de 2025-, en la que participaron 88 personas, organizaciones e instituciones de diferentes entidades federativas; y en la que más del 83 % de los participantes se pronunció a favor de mantener y fortalecer la consulta previa como requisito indispensable para validar normas que inciden en los derechos de este sector vulnerable.
En este sentido, citó algunas de las intervenciones de los participantes en esa ocasión que ilustran de manera contundente la importancia de celebrar consultas previas sin que a la Corte le corresponda determinar si la disposición les es o no benéfica; son las personas con discapacidad las únicas indicadas para expresar las ventajas y desventajas de un precepto. “Ministras y ministros, recuerden, las buenas intenciones no son suficientes. Nada sobre nosotros, sin nosotros”, señalaron en aquella ocasión.
Por ello, la ministra Esquivel enfatizó que esas voces son significativas e hizo un llamado para que el calor del debate no lleve a los ministros a hacer invisibles los derechos de las personas con discapacidad.
