La fiscalía de Estados Unidos presentó una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales, por su presunta participación en una red de colaboración con el Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
De acuerdo con documentos judiciales presentados ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, los señalados enfrentan cargos relacionados con narcotráfico, uso indebido de funciones públicas y delitos vinculados con armas de fuego.
Según la acusación, los funcionarios habrían aprovechado sus cargos dentro del gobierno estatal y corporaciones de seguridad para brindar protección operativa al grupo criminal, permitiendo el traslado y distribución de grandes cantidades de narcóticos hacia Estados Unidos.
La fiscalía estadounidense sostiene que esta presunta red operó mediante actos de corrupción, protección institucional, intimidación y violencia contra personas consideradas una amenaza para las actividades del cártel.
Entre los implicados también figuran:
Enrique Inzunza Cázarez, exsecretario general de Gobierno
Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas
Dámaso Castro Zaavedra, subfiscal estatal
Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación
Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”
Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública
José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”
Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán
Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”
En el caso de Juan Valenzuela Millán, las autoridades estadounidenses le atribuyen además presuntos delitos relacionados con el secuestro de una fuente de la DEA y de un familiar de ésta, hechos que habrían derivado en el fallecimiento de ambas personas.
Señalan intervención de “Los Chapitos” en elección de 2021
La acusación también incluye señalamientos contra el grupo criminal conocido como “Los Chapitos”, al que se atribuye una supuesta intervención en el proceso electoral que llevó a Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa en 2021.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, integrantes de esta organización habrían realizado actos de intimidación y presión contra adversarios políticos para favorecer el triunfo del hoy mandatario estatal.
Asimismo, el expediente sostiene que Rocha Moya habría sostenido reuniones con miembros del grupo criminal antes y después de asumir el cargo, en las que presuntamente se acordó brindar protección institucional a cambio de respaldo político.
Hasta el momento, ni el gobernador ni su administración han emitido una postura oficial sobre estos señalamientos.
El proceso judicial quedó a cargo de la jueza federal Katherine Polk Failla, mientras que las autoridades mexicanas tampoco han fijado una posición pública respecto al caso.
Las acusaciones forman parte de un proceso judicial en Estados Unidos y deberán ser acreditadas conforme al debido proceso.
Con información de Milenio
