PLAYA DEL CARMEN, MX.- El conflicto entre el Gobierno de México y Vulcan Materials por los terrenos y operaciones de su filial Calica en Quintana Roo escaló al terreno político y diplomático en Estados Unidos, luego de que cuatro congresistas enviaran una carta al embajador mexicano en ese país, Roberto Lazzeri Montaño, para exigir un trato que consideran justo para la empresa y sus trabajadores estadounidenses.
La misiva fue encabezada por la congresista demócrata Terri Sewell y coencabezada por los representantes August Pfluger, republicano de Texas; Salud Carbajal, demócrata de California, y Gary Palmer, republicano de Alabama. La carta fue difundida el 28 de septiembre y cuenta además con el respaldo de otros legisladores estadounidenses.
Sewell expresó su preocupación por las acciones emprendidas por autoridades mexicanas contra Vulcan Materials y sostuvo que durante casi una década la empresa ha sido objeto de medidas que, desde su perspectiva, han afectado sus operaciones y a trabajadores estadounidenses.
Entre los argumentos expuestos por la legisladora se encuentra la ocupación militar de propiedades de Vulcan en México. También anunció que continuará impulsando, junto con otros congresistas, opciones diplomáticas y legislativas para atender el conflicto, entre ellas la Defending American Property Abroad Act (DAPA), legislación que busca proteger propiedades de empresas estadounidenses frente a acciones de gobiernos extranjeros.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó en marzo pasado la iniciativa DAPA por 247 votos contra 164. Sewell señaló entonces que la legislación estaba relacionada directamente con el conflicto de Vulcan Materials en México.
En la nueva carta, Pfluger acusó al Gobierno mexicano de haber afectado los derechos de Vulcan y sostuvo que la situación representa una amenaza para empleos y para los intereses económicos estadounidenses. Carbajal, por su parte, calificó las acciones contra la compañía como contrarias a las reglas del comercio internacional.
Palmer pidió al Gobierno de México respetar los derechos de propiedad de Vulcan y poner fin a las acciones que, según el legislador, han puesto en riesgo las operaciones de la compañía.
El conflicto por CALICA
El pronunciamiento de los congresistas ocurre después de que el Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) emitiera en julio pasado su laudo sobre la disputa iniciada por Legacy Vulcan LLC, filial de Vulcan Materials, por las medidas adoptadas en México respecto de las operaciones de Calica.
El tribunal desestimó la mayoría de las reclamaciones de la empresa, aunque determinó que una medida relacionada con la clausura de un predio de CALICA en enero de 2018 fue incompatible con el TLCAN y susceptible de generar una compensación. El monto reconocido fue de alrededor de 15.9 millones de dólares, menos del uno por ciento de la cantidad máxima reclamada por la empresa.
El Gobierno de México ha rechazado la interpretación de Vulcan sobre el alcance del laudo y ha señalado que el fallo favoreció al Estado mexicano en la mayoría de las controversias planteadas. La Secretaría de Economía también ha sostenido que la decisión del tribunal debe ser consultada directamente y que México mantiene abierto el diálogo con la compañía.
A la disputa jurídica se suma la situación de los terrenos de Calica en Quintana Roo, cuya superficie fue incorporada en 2024 a una declaratoria de área natural protegida por el Gobierno federal, medida que impide a Vulcan utilizar el predio para sus actividades productivas. Los congresistas estadounidenses consideran esa decisión parte del conflicto que afecta a la compañía.
Con la intervención pública de legisladores de ambos partidos en Estados Unidos, el caso Calica adquiere ahora una dimensión adicional a la disputa empresarial y jurídica: la presión política de Washington sobre el Gobierno mexicano por el tratamiento otorgado a los activos de Vulcan Materials en Quintana Roo. (Noticaribe)
